El Gobierno del presidente Pedro Castillo envió — este miércoles 6 de julio —el proyecto de ley que pretende castigar con pena privativa a la libertad de hasta cuatro años a los operadores de justicia, así como a las partes comprometidas en un proceso penal. Esto a pesar de que instituciones como el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) han calificado el proyecto como inconstitucional.
Este polémico proyecto en la práctica impediría que la población pueda tener conocimiento sobre los casos de corrupción en los que se encuentran involucrados los personajes de la actual gestión, ya que la prensa y los fiscales se verían en la situación de ser pasibles de una sanción penal.
El proyecto fue enviado a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, y lleva la firma del jefe de Estado, Pedro Castillo, y de Aníbal Torres, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La iniciativa propone la incorporación del articulo 409 C en Código Penal y una modificación al artículo 324 para sancionar la difusión de información reservada de una investigación penal.
“La presente ley tiene por objeto incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, el cual busca salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales en general. Asimismo, busca garantizar que los actos de investigación alcancen a sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social”, dice el proyecto.