Más de 23 Estadios Nacionales podrían llenarse con las personas que solo este año han acudido a un establecimiento por un problema de salud mental. De ese millón que buscó ayuda, la mayoría tenía trastornos de ansiedad, depresión y de comportamiento.
Y es que la pandemia decae, pero quedan sus consecuencias: crisis familiares, laborales, alimentarias, financieras y políticas. Los peruanos atraviesan una fatiga crónica dos años después: están agotados.
Antes de la COVID-19, una de cada cuatro personas presentaba estas dificultades, ahora son tres de cada cinco las que las viven. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya advertía el “efecto devastador de la pandemia” en la salud mental de la región.
Y eso no es un dato menor: las enfermedades neuropsiquiátricas son la primera causa de pérdida de vida saludable y tratarlas puede ser más costoso, incluso, que el cáncer.
En el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora hoy, Melissa lo confirma. A sus 30 años se enteró de que su poca estabilidad emocional, los dolores de cabeza y el aumento de palpitaciones eran síntomas de un trastorno de ansiedad.
Por eso, como ocurre con los problemas físicos, necesitaba tratamiento. Al mes debe invertir 150 soles en pastillas, 140 en consulta psicológica y 200 con un psiquiatra. Ella tiene la posibilidad de hacerlo. Melissa es una excepción.
La mayoría de peruanos no puede costear una atención privada, como lo hace Melissa. Siete de cada diez potenciales usuarios aún no tienen acceso a un tratamiento. Pese a ello, en el Perú se destina solo el 2% del presupuesto del Ministerio de Salud (Minsa) a servicios de salud mental, lo que representa alrededor de 650 millones de soles. En el 2014 apenas era 1.3%. Esto, pese a que los reglamentos asociados a la Ley de Salud Mental plantean que como mínimo debe ser 10%.
“El presupuesto de salud mental representa apenas el 0.2% del presupuesto nacional. Estos últimos años, con el cambio de la norma, se creó un presupuesto específico para la salud mental que ha ido creciendo, pero otros países invierten más. Son conscientes de su importancia. Si se da presupuesto constante, se podría cumplir con las metas”, indica Malena Pineda, jefa del programa de discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
Con ese porcentaje, los gestores de salud mental a nivel nacional deben financiar actividades preventivas y recuperativas, pagar al personal de los centros comunitarios y hospitales, comprar medicamentos y equipamientos, y sustentar gastos de movilización de especialistas.
Esto incluye a los 215 centros de salud mental comunitarios que operan en todas las regiones, los 1.400 centros de primer nivel con psicólogos, 44 unidades de hospitalización y 81 hogares protegidos para personas con trastornos y en abandono social, creados los últimos 7 años.
Pero lo planificado era aún mayor. La meta al 2021 era 250 centros comunitarios y 164 hogares protegidos. Hoy, en los primeros hay usuarios que deben esperar hasta meses por citas; y en los segundos, hay una brecha del 65%, agrega la Defensoría.
Esta última institución y el Minsa coinciden en que uno de los principales problemas se centra en el financiamiento: no es suficiente. “Tenemos una brecha de atención que la hemos disminuido (de 90% a 70%), pero aún es grande. Eso tiene que cerrarse por lo menos al 50% o 40%. Para eso se debe duplicar lo que se tiene ahora. Es decir, llegar al 4% o 5% del presupuesto del sector. Es necesario y más aún en pospandemia. La salud mental de más personas está afectada en comparación a lo que era antes”, explica el director de salud mental del Minsa, Yuri Cutipé.