Tras hacerse pública el acta de la sesión del 24 de noviembre del Consejo de Ministros, en la que oficializan la interpretación de la primera denegatoria de la cuestión de confianza, desde el Congreso optaron por responder con una denuncia constitucional mientras afinan la tercera moción de vacancia y alistan el dictamen para facilitar la suspensión del presidente Pedro Castillo con una menor cantidad de votos.
La denuncia constitucional fue presentada por la legisladora Patricia Chirinos, de la bancada Avanza País, contra todos los firmantes del acta.
Es decir, enfrentarán un proceso por presunta infracción constitucional el presidente Pedro Castillo, el expremier Aníbal Torres y el ratificado canciller César Landa.
Asimismo, los ministros Daniel Barragán (Defensa), Kurt Burneo (Economía), Willy Huerta (Interior), Félix Chero (Justicia), Rosendo Serna (Educación), Kelly Portalatino (Salud), Alejandro Salas (Trabajo), Roberto Sánchez (Turismo), Wilbert Rozas (Ambiente), César Paniagua (Vivienda) y Betssy Chávez, quien estuvo a cargo de Cultura y acaba asumir la jefatura del gabinete.
También fueron denunciados los exministros Jenny Ocampo (Agricultura), Alessandra Herrera (Energía y Minas), Claudia Dávila (Mujer) y Jorge Prado, debido a que también firmaron el acta de la sesión del Consejo de Ministros.
La parlamentaria Patricia Chirinos advierte una presunta infracción de los artículos 38, 39, 118.1 y 133 de la carta magna. En su denuncia sostiene que el Ejecutivo planteó una cuestión de confianza ilegal e inconstitucional.
Agrega que está vigente la Ley 31355, que sacó el Congreso por insistencia, en la que establecen que una cuestión de confianza será aprobada o rehusada luego de la votación en el pleno, algo que nunca ocurrió, debido a que la Mesa Directiva rechazó de plano la cuestión de confianza de Aníbal Torres.
Esta demanda ahora será remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP).